 ...rechaza las sanciones a la prostitución por ser una medida represiva. La asociación Pro Derechos Humanos ya mostró su oposición a la nueva ordenanza de convivencia en la mesa de la prostitución reunida a instancias de Bienestar Social para proponer algunas medidas a incluir en esta normativa y ayer hizo público este rechazo alegando que de llevarse a la práctica las sanciones a quienes practican y ejercen esta actividad sólo provocará su criminalización. La delegación Bahía de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recuerda que el ejercicio de la prostitución en este país, no es un delito a pesar de que quienes la ejercen no tienen reconocidos sus derechos. Por contra, las personas que captan su clientela en la calle “y que son las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, están siendo hostigadas, acosadas y perseguidas por planes y ordenanzas especiales de ayuntamientos de diversas ciudades como Madrid, Barcelona y más recientemente Granada” a las que ahora quiere copiar El Puerto. A la vista de las futuras sanciones municipales (la ordenanza aún debe ser informada por los servicios jurídicos y después aprobada) Pro Derechos Humanos rechaza que se niegue el derecho de unas personas “ante la posición de quienes promueven una serie de medidas que se autocalifican de sociales”. Y en este sentido, entiende que las mujeres que ejercen la prostitución son las primeras que aspiran a poder trabajar en la calle en mejores condiciones, “de forma digna, en zonas tranquilas y seguras donde nadie las moleste y no molesten a nadie. Pero su voz y sus intereses, parece que no tienen cabida en estas negociaciones”. Sostiene este colectivo que intentar ocultar la realidad de la prostitución no conlleva solucionar los posibles conflictos de intereses que de ella devienen, sino más bien lo contrario. “Y esto no lo decimos tan sólo nosotros, la penalización del ejercicio de la prostitución en la calle ha arrojado un balance histórico lamentable, pues en vez de erradicar el fenómeno lo oculta provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, empeoramiento de las condiciones de trabajo y salud de las prostitutas, la precariedad en la negociación con los clientes, y la imposición de mayores obstáculos para denunciar situaciones de violencia y abuso”, afirman en su comunicado. Pro Derechos Humanos muestra su total reprobación ante la actitud del Ayuntamiento. “No podemos olvidar que una de sus funciones es proteger a los ciudadanos”, pero por contra parece haber elegido posicionarse contra los más débiles. “Como si estuviésemos hablando de entidades diferentes, como si se diera por hecho que la ciudadanía viene condicionada a la actividad que se ejerce”. Por todo ello insta al Gobierno municipal y poderes públicos a encontrar una respuesta que no incida aún más en la exclusión social y vulnerabilidad de este colectivo, que considere los intereses y derechos de todas las partes implicadas, que apueste por una negociación en igualdad de condiciones en la que se escuche no sólo a empresarios y vecinos, sino también a las prostitutas, a que reflexione ante este tipo de hechos y tomen responsabilidades a la hora de garantizar los derechos básicos de este colectivo. “La convivencia es el resultado de un acuerdo negociado en pie de igualdad, no de una imposición”.
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