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Cada vez que alguien habla de proteger a las trabajadoras sexuales, las trabajadoras sexuales se ponen a temblar.
Razón no les falta, en realidad. Ocurre que, salvo pocas excepciones, las autoridades parecen estar convencidas de que, cuando se trata de prostitutas, proteger es sinónimo de perseguir. Como se supone que la prostitución es un oficio intrínsecamente peligroso, no queda más que multar, arrestar y amedrentar a quienes la practiquen.
Esto a pesar de que, dependiendo de las condiciones del ejercicio, la prostitución no tiene que ser más peligrosa que, digamos, la minería. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido meter presos a los mineros para impedirles que les caiga una montaña encima. Al contrario –como pudimos ver durante el rescate de los mineros chilenos–, hay consenso en la necesidad de definir estándares de seguridad y regularizar la actividad para que cada vez haya menos incidentes, y que los que hubieran sean resueltos adecuadamente, con sanciones para los responsables de ser necesario. Asimismo, aunque sin duda muchos mineros están descontentos con su trabajo, no circulan proyectos para erradicar la minería de la faz del planeta (en todo caso, no a causa del descontento de los mineros); pero basta con reunir un puñado de testimonios de trabajadores sexuales insatisfechos para que resuciten iniciativas contra esta forma de ganarse la vida.
A final de cuentas, lo único que se consigue con esta “protección” es aislar aun más a los trabajadores y las trabajadoras sexuales: ante la posibilidad de sufrir represalias legales o de ser tratados de manera humillante, prefieren no denunciar las agresiones –robos, violaciones, asesinatos– que sufren cotidianamente, dejando una cómoda rendija de impunidad para quienes las cometen.
Los vecinos de Liverpool, al noroeste de Inglaterra, pueden dar fe de ello. Pese a haber registrado ocho asesinatos de prostitutas callejeras en poco más de una década, cinco de ellos sin resolver, el cuerpo policial del lugar seguía acusando una flagrante escasez de denuncias de parte de las trabajadoras sexuales. El punto de quiebre fue el asesinato de Anne Marie Foy, en 2005: a raíz de la movilización general que desencadenó ese último crimen, en estos años no solo se han multiplicado las denuncias de parte de las trabajadoras sexuales de la zona sino que también se ha incrementado el número de casos que llega ante un juez. Si bien estos resultados obedecen a una serie de medidas de coordinación entre las fuerzas del orden, las asociaciones de solidaridad y las propias víctimas potenciales, el verdadero detonante del cambio fue la decisión de tratar los delitos contra trabajadores sexuales como crímenes de odio, un estatus que hasta ese momento solo se aplicaba en el Reino Unido a delitos de motivación racial u homofóbica y que garantiza una mayor atención de parte de las personas asignadas al caso.
A nivel más general, en setiembre del año pasado, un juzgado de Canadá derogó todas las normas antiprostitución de ese país por considerar que los perjuicios que la criminalización causaba a las trabajadoras sexuales y a la comunidad rebasaban los presuntos beneficios que esta pudiera acarrear. Como parte del fallo, la corte presentó estudios que muestran que tanto el lugar como la forma en que se ejerza la prostitución son factores determinantes en los índices de la violencia ligada a este oficio. Es decir, que el meretricio bajo techo, con adecuadas condiciones de salubridad y bajo normas laborales precisas, es menos pernicioso que el que se practica en la calle, de manera clandestina.
Lo cual nos lleva al reciente anuncio de que Lima tendrá una zona rosa. Lo ha dicho la alcaldesa Susana Villarán, y aunque todavía está por verse cuál es la propuesta y si logra llevarla adelante, no deja de ser reconfortante que sea una mujer quien esté a la cabeza del proyecto. Reconfortante porque cuando se trata de trabajadoras sexuales, las mujeres muchas veces reaccionamos como si no fueran trabajadoras. Y como si tampoco fueran mujeres.
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