La Sra. Margarida Álvarez, presidenta del Instituto Catalán de la Mujer, plantea el tema de la regulación de la prostitución. Me parece sumamente oportuno. Es uno de los grandes deficits legislativos que se arrastran en España. Una regulación global puede ser más o menos buena, aunque siempre será mejor que la no-regulación de un fenómeno que está ahí, nos guste o no nos guste y que como todo hecho sociológico importante requiere ser normativizado, en vez de ignorarlo -tal como si no existiera-, dejando que cada cual se apañe como mejor entienda, quiera y pueda. Así, de hecho, lo que hacemos, es inhibirnos ante una ingente cantidad de situaciones de desprotección y de explotación humanas, así como de grave riesgo social.

La no-regulación implica desprotección de la salud, tanto la de las/los prostitutas/tos, como de sus clientes, y en suma de la salud pública, lo cual en los tiempos actuales de auge del SIDA y del repunte de las enfermedades venéreas, constituye una temeridad. La no-regulación supone una máxima desprotección de las personas que la ejercen, que quedan a merced de las mafias del sexo y de los denominados protectores o “chulos”.

La no-regulación,  dificulta  que la transacción económica: servicio sexual por dinero, que es la motivación esencial de su ejercicio, genere consecuencias positivas como la protección social presente y futura de las prostitutas: seguro de enfermedad, pensión de jubilación, etc., así como el deber de pagar impuestos tal como se exige a todos los ciudadanos, que perciben un determinado nivel de rentas.

Estoy de acuerdo con el planteamiento global del tema que nos hace la Sra. Álvarez, excepto para puntualizarle que el dilema no es “si aceptamos la prostitución y en qué condiciones” como ella dice, sino si reconocemos su existencia (hecho evidente desde siempre) y consecuentemente, como todo hecho social, lo regulamos adecuadamente; o bien continuamos con la hipocresía de desconocerlo, aplicando aquello de que ojos que no ven corazón que no siente, ilusión que se desvanece inmediatamente cuando vemos que la prostitución está presente de forma muy visible en nuestras calles y en las páginas de anuncios de los periódicos.

La regulación de la prostitución podría facilitar incluso que tuviesen acceso a regularizar su situación, tantas y tantas profesionales extranjeras “sin papeles”, que están aquí y que por ejercer una actividad “no existente”, no podrán nunca por esa vía, demostrar el ejercicio de una actividad económica susceptible de generar documentación.

Para acabar, creo que fue una equivocada visión del concepto de progresismo, lo que llevó en su momento a eliminar legalmente las casas de lenocinio; la dignidad de la mujer prostituta -o del prostituto, lo mismo da- se consigue facilitándoles que no se vea impelidos a ejercer la prostitución, o protegiéndoles humanamente mientras ese abandono no les sea posible o no logren alcanzarlo, y no poniéndose en los ojos la venda de negar su existencia, mediante la eliminación legal de los lugares donde ejercerla con unos mínimos de seguridad y salubridad, control contra su explotación, etc. ¿Resultado de dicha ceguera? centrifugación del fenómeno a las vías públicas, y a centros en edificios particulares sin ninguna garantía ni controles públicos.

Como italiana de origen, puedo decirle que la ley Merlin que abolió el ejercicio legal de la prostitución en Italia, -en aras de una presunta dignidad de la mujer que se debía derivar automáticamente de esa prohibición-, fue en este sentido un error. Aquí copiamos el modelo, y así estamos. Creo que es urgente que se regule, dentro de la norma global, la existencia de casas de citas, que sometidas al debido control social, ayuden a arrancar de las calles, en la mayor proporción posible, el ejercicio de la más antigua profesión del mundo, paradójicamente hoy no legalmente reconocida en nuestro país.


Mariella Milanini.


Barcelona, 20 de Abril de 2001.

Cataluña: prostíbulos en orden

Sólo se regula la infraestructura a favor de la IP; la mujer en la calle, olvidada: ONG

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 2 de agosto. Cataluña se convertirá en la primera comunidad en España y buena parte de Europa en regularizar el ejercicio de la prostitución, una vez que entre en vigor el decreto ley que firmó ayer el gobierno autonómico. La iniciativa sólo afecta de momento a los locales que bajo los giros comerciales de "bares" y "restaurantes" funcionan en realidad como prostíbulos, pero que desde ahora tendrán que cumplir una serie de condiciones sanitarias, administrativas y de seguridad. En el decreto no se hace referencia ni a las miles de mujeres que se prostituyen en las calles ni a sus derechos laborales.

El gobierno de la Generalitat, presidido por Jordi Pujol, dirigente de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), se convirtió en pionero al iniciar la regulación de una actividad que pese a ser tan añeja, implicar a decenas de miles de personas y ser un negocio que mueve miles de millones de dólares, siempre ha existido en la semiclandestinidad. Tan sólo en Cataluña existen unos 450 clubes de alterne y en cada uno trabajan alrededor de 40 prostitutas, mientras que en España se calcula que alrededor de 200 mil mujeres ejercen esa actividad.

El único país europeo que cuenta con una regulación vanguardista del ejercicio de las prostitución es Holanda, donde esa actividad entera al fisco y cuenta con los servicios sanitarios y de seguridad necesarios. Como contraparte está Suecia, donde desde 1999 está en vigor una ley que incrimina a las personas que acudan a un centro que ofrezca ese servicio.

El decreto ley pretende regular las condiciones en las que podrá funcionar un prostíbulo, desde horarios, situación geográfica y accesorios de las habitaciones donde se ejerza "la actividad sexual", hasta la obligación de proveer al cliente de "condones homologados".

La iniciativa, que será competencia de los ayuntamientos y previsiblemente entrará en vigor en un año y medio, considera la creación de "licencias específicas" para este tipo de negocios, pero también hace alusión a otros detalles, al obligar a los responsables del establecimiento a "que las habitaciones cuenten con baño, bidet, ducha, mobiliario adecuado, aislamiento acústico y suficiente ventilación".

En cuanto a la ubicación del local, el gobierno prohíbe que se sitúe cerca de centros escolares o sociales. La iniciativa también hace responsable al club del "control sanitario del personal", que deberá ser periódico.

Respecto a los horarios, que serán obligatorios, se establece la apertura a las 5 de la tarde y el cierre a las 4 de la madrugada, si bien se podría ampliar hasta un par de horas los fines de semana y las vísperas de festivos. Además, se debe contar con un guardia de seguridad por cada 50 personas.

Artur Mas, máximo responsable del gobierno catalán y delfín de Jordi Pujol, explicó que con esta ley no se pretende fomentar la prostitución. "Nada más lejos, lo que ocurre es que no podemos girar la cara ante una realidad social", dijo, y justificó la medida, ya que ésta "da contenido al vacío legal en que se mueve el sector".

Al ser cuestionado por la ausencia de normas que regulan la actividad en las calles, Mas replicó que "por algo se empieza, pues es imposible acabar con la prostitución en calles y carreteras, pero lo que desde la administración no se puede hacer es cerrar los ojos y simular que no existe esta actividad. Así, es mejor que esté lo menos a la vista posible y no hacer exhibición de la misma".

Simpatizantes y detractores

El vocero de la asociación más afectada por esta medida, la Española e Clubs de Alterne, Joan Cantarero, se mostró en favor de la ley y anunció que su entidad exigirá a los dueños de los locales que quieran asociarse cumplir con las características físicas del nuevo decreto.

Otra virtud que ve Cantarero en el decreto es que "acaba con la actividad delictiva de las bandas mafiosas" y puede ser el punto de partida para "poner fin a la prostitución en la calle, que pretende proteger al menor y al ciudadano ante situaciones que pueden resultar incómodas".

Sobre la regulación de las condiciones sanitarias y laborales de las prostitutas, Cantarero explicó que esta ley "ya existía con la República y es una reclamación de muchos grupos feministas".

Sin embargo, desde diversas asociaciones de mujeres se ha criticado que en la iniciativa de la administración no se haga ninguna mención a las prostitutas que ejercen en las calles, mayoritarias y que viven en peores condiciones, y desde sectores más conservadores se criticó al gobierno por "fomentar el proxenetismo" con esta ley.

La entidad Ambit Dona, de Barcelona, que se dedica a la atención de prostitutas que ejercen en la calle, considera que la normativa "deja desamparadas a esas mujeres", por lo que debe regularse su actividad. Cuando ellas fueron al Parlamento reclamaron que se impulsaran los mecanismos para su reconocimiento laboral, y esto no se refleja.

Rocío Nieto, de la Asociación de Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida, criticó duramente el decreto, al señalar que "no se puede regular la actividad porque no es una profesión, y además la mayoría de las mujeres que la ejercen lo hacen obligadas porque están en situación ilegal".

Considera que "lo único que hace la nueva ley es regular las infraestructuras donde se ejerce la prostitución y la actividad económica del sector por el bien de los empresarios, de los recaudadores de impuestos y de los propios clientes. Se está regulando una forma de proxenetismo".