La Asociación Nacional de Empresarios de Clubs de Alterne (Anela), que hoy celebra en Valencia su 5ª Asamblea Nacional, reiteró sus reivindicaciones de entrar en la patronal CEOE y regularizar la prostitución. Al respecto, el presidente de esantta entidad, Pablo Mayo, aseguró que, a pesar de que "todavía existe algo de hipocresía entre los gobernantes", los políticos "están por la labor la regularización, porque es lo que exige la sociedad", dijo.
Mayo realizó estas declaraciones antes de intervenir en el coloquio 'El Futuro del Alterne', enmarcado en los actos de la Asamblea Nacional, donde defendió la necesidad de que los trabajadores de clubs de alterne "paguen impuestos dentro del régimen de los profesionales autónomos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro trabajador".
Al respecto, indicó que "la única manera de erradicar las mafias es regularizar la situación" y crear contingentes de camareros y camareras de alterne, tal y como ha solicitado Anela al ministerio de Trabajo, de manera "que pueda venir quien quiera, por su propia voluntad y libertad a ejercer la prostitución", agregó.
En este sentido, aseguró que "la sociedad apuesta por la regularización, porque supone la defensa de valores fundamentales como la libertad y la seguridad de las mujeres, así como la seguridad para los clientes que usan este servicio, y contribuye a garantizar las medidas higiénicas y sanitarias de trabajadores y usuarios".
Durante la jornada, en la que también intervinieron la escritora Isabel Pisano, autora del libro 'Yo puta', así como diferentes representantes sindicales y vecinales, Mayo reiteró la solicitud de ingreso de Anela en la patronal CEOE y en el resto de organizaciones empresariales autónomicas y del sector de la hostelería.
Asimsimo, recordó que existe una comisión en el Senado para estudiar esta cuestión y sostuvo que "no se puede permanecer en silencio", ante actitudes como las del Gobierno catalán, que ha regularizado la situación, o la posición favorable del conseller de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, y de las asociaciones de vecinos, dijo. Explicó que "aún sigue habiendo algo de hipocresía entre los gobernates, pero creo que a corto plazo vamos a ganar todos".
VICTIMA EXPLOTACION SEXUAL
Por otra parte, durante el coloquio, una joven víctima de explotación sexual denunció que la drogaron y maltrataron físicamente para obligarla a ejercer la prostitución. La afectada, L.J., de origen lituano, aseguró que vino a España, donde reside desde hace tres años, tras responder a un anuncio publicado en una revista de su país, en el que se ofrecían empleos para trabajar en el campo.
Una vez llegó al punto de destino, la localidad valenciana de Gandía, junto a varios miembros de su familia y otros compatriotas, le comunicaron que no había trabajo en el campo y le ofrecieron trabajar de camarera. La joven explicó que "al principio, se portaban bien conmigo para que aprendiera español y a trabajar de camarera, pero luego me dijeron que tenía que pagarles 2.000 dólares y que tenía que trabajar de puta". Al respecto, indicó que "me drogaron y me pegaron" para que lo hiciera.
Asimismo, afirmó que "me drogaban, con drogas que yo nunca había visto, porque así no piensas bien y vas loca, y tenías que hacerlo --prostituirte-- porque tenías que ganar dinero cada noche para poder marcharte".
En este sentido, el abogado y secretario técnico de Anela, José Luis Roberto, aseguró que L.J., que en la actualidad ya no ejerce la prostitución y es madre de una niña de 10 meses, fue víctima de "una mafia que trafica con seres humanos y los vende a un grupo organizado por 2.000 dólares y que la obligó a ejercer la prostitución".
El letrado indicó que el propietario del club en el que la víctima trabajaba, que según manifestó Roberto "no tenía nada que ver", se dio cuenta de la situación al ver los moratones y el estado de nervios de la joven, por lo que se puso en contacto con Anela y "la sacamos de allí", dijo.
Asimismo, aseguró que Anela ha solicitado la tarjeta de residencia para esta joven, por su colaboración con la policía y las fuerzas de seguridad del Estado para la desarticulación de redes mafiosas. Sin embargo, esta petición ha sido denegada, según afirmó el abogado, quien añadió que esta posibilidad se contempla en la legislación española, por lo que "hemos recurrido esta negativa por ser contraria a todo derecho".