El Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde defendió ayer a través de un comunicado que la prostitución "es un fenómeno social complejo que necesita también respuestas complejas", por lo que "no se puede tratar únicamente como un problema de orden público prohibiendo su ejercicio en los espacios públicos", tal y como ha decidido hacer el Ayuntamiento de Bilbao.

El instituto que dirige María Silvestre recalca que considerar la prostitución sólo como un problema de seguridad "impide entrar en consideraciones fundamentales" como la defensa de los derechos de las mujeres que la ejercen. Además, dificulta reflexionar sobre otros aspectos que "influyen decisivamente" en su existencia, como son las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres y la pobreza que deriva de dichas relaciones desiguales. Por ello, Emakunde considera que en lugar de multar a quienes ejercen la prostitución en la calle, lo prioritario es "establecer acciones de regulación en el ámbito de la salud, formación, empleo, servicios sociales y seguridad ciudadana" para "mejorar su calidad de vida".

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, replicó que el Ayuntamiento ya ayuda socialmente a quienes ejercen la prostitución, pero destacó que es necesario regular su presencia en la calle. Por ello el consistorio ha elaborado una ordenanza "suave". Azkuna recordó que el Ayuntamiento no puede prohibir la prostitución, algo que, en todo caso, "podrían hacer las Cortes Generales", que "rehuyeron" ese debate.

Bilbao dio luz verde la semana pasada a una nueva ordenanza sobre espacios públicos que reúne en un sólo texto de 134 artículos diversos aspectos normativos relacionados con el uso de las calles.

La norma, que entrará en vigor en el último trimestre del año, se pronuncia sobre la negociación en la calle de la prestación de servicios sexuales y la realización de los mismos en un espacio público. Estas prácticas quedan prohibidas, pero ello no implica un veto expreso a que las prostitutas sigan estando en la calle o a que trabajen en pisos o locales. Fija multas de hasta 1.500 euros.