Uno de los asuntos más espinosos de abordar en la función de gobierno es la prostitución. Se trata de esos asuntos sujetos a ideologías y tabúes contradictorios que hacen difícil el consenso. Además, entra de lleno en la ética de las creencias, sean trascendentes o profanas, lo que lleva con facilidad a posturas encontradas, a manipulaciones argumentales y a la instrumentalización descalificadora.

Cierto es que esta cuestión implica consecuencias morales, pero no más que otras, como la adscripción religiosa o su práctica, en la que la evolución del pensamiento y la conllevancia social han sustituido la persecución y la hoguera por la separación de ámbitos de enjuiciamiento. Vemos, pues, que abordar este asunto, no ya con los necesarios apriorismos éticos, sino con prejuicios y dogmas, hace el debate interminable y estéril.

Desde la derecha existe el anatema de la moral católica. Por él no se puede legalizar algo catalogado como pecado. Pecado que alcanza tanto a los usuarios, mayoritariamente hombres, como a los ejercientes, mayoritariamente mujeres. Las medidas de gobierno inspiradas en esta ideología recetarían la contención de usuarios, a ser posible total, al tiempo que la redención de los ejercientes, por haber elegido o haber sido conducidos a una actividad torpe y vil, que degrada la condición humana.

En la izquierda, la influencia feminista y el buenismo impiden legalizar lo que se consideraría institucionalizar la esclavitud. La izquierda estaría más por la labor de perseguir y penalizar al usuario, lo que implicaría definir el consumo de prostitución como delito, algo de difícil acomodo jurídico y de más difícil todavía aplicación real.

Pero en materia de prostitución concurren, además, consecuencias sanitarias, económicas, y desgraciadamente, delictivas; con demasiada frecuencia, gravemente delictivas, principalmente en relación con la libertad, el comercio de seres humanos, la esclavitud, el chantaje, el castigo, la corrupción, la venganza y la muerte. No hablemos ya de la frecuente implicación de políticos y miembros de las fuerzas del orden.

Mientras tanto, ante la imposibilidad de que desde unos postulados u otros se concluya algo política y socialmente útil, el daño y el sufrimiento se perpetúan. La historia enseña que la prostitución, al igual que el delito, es imposible de erradicar. La prostitución clandestina atrae a su entorno la delincuencia (tráfico de drogas, delitos contra la libertad, proxenetismo y encubrimiento). Junto a la prostitución se dan otros problemas, como los de orden público o sanitarios, que crean malestar social, descontrol de enfermedades infecto-contagiosas y gasto público.

Los países que han regulado la práctica de la prostitución han conseguido mitigar estos problemas, aunque no erradicarlos. Pero sobre todo, han conseguido que la totalidad del problema reduzca su dimensión, al convertir una práctica social, negada mirando para otro lado, en una actividad legal con todas sus consecuencias.

La legalización también ha permitido que los ejercientes (mayoritariamente las) realicen su actividad, es decir, su trabajo, arropadas por instituciones corporativas y de defensa, propias de trabajadores (asociaciones, sindicatos, cooperativas, trabajo autónomo, etc.) al tiempo que ha fortalecido su defensa y emancipación de los protectores, explotadores y proxenetas. Además, las posiciona para los derechos de huelga, fijación de tarifas, seguros de vida, asistencia médica y legal, pensiones y demás prestaciones asociadas a la práctica laboral legalizada.

Debo añadir que en el programa electoral para la ciudad de Barcelona de UPyD (Unión Progreso y Democracia), presentado a la prensa el pasado día 5, figura un punto (el 9.8) breve, escueto y valiente:

‘Proponemos regular la prostitución en el municipio de Barcelona. La propuesta se llevará a cabo conociendo los modelos existentes en Europa, y a partir de la experiencia habida, recoger lo más positivo de cada uno’.

Obviamente sabemos, saben, que esta legalización implicará sacar a la superficie una actividad económica sumergida de una magnitud muy considerable. No hay nada vergonzoso en que la hacienda pública amplíe su recaudación de impuestos y los equipare a los que satisfacen otras actividades profesionales.

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